El Consejo de abogados califica de "fachada" al concurso para jueces

A pesar de haber promovido su tratamiento y sanción el Consejo de Abogados de Resistencia solicitó al gobernador Capitanich que "vete totalmente" la ley sancionada el 5 de diciembre por la que se reglamentó el proceso de selección mediante concurso de antecedente y oposición de los jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El Consejo alegó que la norma establece "una fachada, una apariencia de concurso” y consideró “inadmisible que el tribunal examinador sea el mismo Consejo de la Magistratura" y no se de lugar a "jurados técnicos con idoneidad e imparcialidad reconocida para dotar de mayor legitimidad al resultado de la decisión política en que consiste la selección de un candidato a juez”.

Desde el Consejo de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial requirieron del Ejecutivo provincial el veto total a la Ley, aprobada a principio de diciembre, que establece los concursos públicos de antecedente y oposición para los postulantes a jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El presidente de este consejo, José Sánchez, evaluó que la misma “es una fachada, una apariencia de concurso” y solicitó una audiencia con el Gobernador Capitanich.

El 5 de diciembre de este año fue aprobada en la Cámara de Diputados del Chaco la Ley N° 7.157 que reglamenta el proceso de selección mediante concurso de antecedente y oposición de los jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Sánchez detalló que “una vez que la Legislatura eleve la norma sancionada al Ejecutivo, a partir de ahí éste poder tiene diez días hábiles para vetarla o promulgarla, plazo que se estaría cumpliendo en los primeros días del próximo año, por eso la urgencia de este pedido”, aclaró.

En primer lugar Sánchez destacó que “este es un tema muy importante” por lo que peticionó al Gobernador Capitanich que “vete totalmente esta ley” que evaluó como “una fachada, una apariencia de concurso o como un disfraz de concurso”. Si bien no dejó de destacar que su tratamiento fue una iniciativa que el propio Consejo de Abogados de Resistencia promovió, no dejó de remarcar “algunas falencias” de esta normativa.

Fundaron su oposición en que:

“Es inadmisible que el tribunal examinador instituido con el objeto de conducir y juzgar los resultados del concurso de antecedentes y oposición sea el mismo Consejo de la Magistratura por medio de la intervención de sus integrantes naturales”. Sánchez explicó que el Consejo de la Magistratura “es un órgano que cumple una función política como lo es la selección de los magistrados y como lo demuestra su integración como cuerpo colegiado. Su valoración de la idoneidad de los candidatos puede hacerse políticamente y de hecho así sucede, pero no es posible que en el proceso de selección no se acuda a jurados técnicos con idoneidad e imparcialidad reconocida para dotar de mayor legitimidad al resultado de la decisión política en que consiste la selección de un candidato a juez”.

En la propuesta del Consejo de Abogados de Resistencia establecían la necesidad de que el Jurado se conformara con miembros de las Academias Nacionales de Derecho o bien con profesores de trayectoria reconocidos mediante su institución como extraordinarios o consultos.

Desde esta entidad también cuestionaron la etapa de oposición en la que se prevé una especie de examen más propio de una función académica, exigiendo una prueba oral con previo sorteo de temas, con una antelación de 48 horas, otorgando un privilegio de selección deliberada de temas y conocimiento previo a la audiencia que tampoco tienen los magistrados de instancias inferiores.

Observaron además que “en ningún momento se contempla ni introduce la principal función que compete a cualquier juez que es obviamente la jurisdiccional de emitir sentencias. Cualquier juez de cualquier instancia debe pasar por la instancia evaluativa de dictar sentencia, salvo a la luz de este proyecto los jueces del Superior Tribunal de Justicia”.