Consideraron que el Gobierno cometió un error al no anticiparse a la exigencia de las audiencias públicas
El Gobierno estimó que el costo fiscal por el fallo de la Corte Suprema ascenderá a unos 20.000 millones de pesos.
Así lo indicaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales, que afirmaron que ese cálculo preliminar puede aumentar si no se reponen los aumentos tarifarios en octubre, luego de las audiencias previstas para mediados de septiembre.
"Habrá que recortar $ 20.000 millones de los $ 800.000 millones que quedan por gastar hasta fin de año; trataremos de que sea muy poco en obra pública, pero lo que está claro es que no será ni con emisión ni con más deuda", explicaron las fuentes.
El funcionario aseguró que el fallo se respetará, pero consideró poco lógico que se obligue al Gobierno a "fijar un marco tarifario en base a un decreto del 2014 que no tuvo audiencias públicas".
En tanto, expertos en energía consideraron que el fallo resultó "salomónico", aunque provocará un importante costo fiscal por el atraso para poder aplicar tarifas al menos hasta después de la audiencia pública de gas.
Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), dijo a LA NACION que con la decisión del Alto Tribunal "el tema se complica en varias facetas e implica en términos fiscales la imposibilidad de aplicar mayores precios por más de ocho meses".