Un fallo que retrotrae y somete a la Justicia argentina
Resulta doloroso, y hasta impensado, de que hoy volvamos a vivir situaciones de tanta gravedad institucional y de decadencia moral y política en nuestra Patria.
Debiéramos tener presente que, en aquél período de gobierno que se iniciaba el 25 de mayo del 2003, el Presidente Néstor Kirchner, con el acompañamiento del pueblo argentino, traducía una triple crisis que había implosionado en el 2001: la debacle de una gestión, de participación y legitimidad. Estuvimos al borde de la guerra civil, y no es una exageración.
Había que recuperar la credibilidad de una democracia que se había transformado en una simple cuestión procedimental. Y esta revalorización de la democracia, se logró, no con poco esfuerzo, con políticas cuyo sustento fueron y son las convicciones.
La política argentina, en aquél 25 de mayo, entró otra vez a la Casa Rosada luego de años donde la economía y la especulación financiera estaban por sobre ella; pero también, sobre cualquiera de las instituciones democráticas. O sea, por sobre la voluntad popular.
Hasta ese momento, la decadencia imperante permitió que los factores de poderes internos y externos, gobernaran a través de sus personeros.
Y uno de los problemas centrales de entonces, consistía en el desprestigio del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces de la servilleta y la Corte adicta al poder, eran la matriz dominante enquistada en este Poder del Estado.
La historia lo dice.
Paradójicamente, siempre se acusa al peronismo de generar un déficit republicano. Pero vale señalar que ya en 1946, el Presidente Juan Perón renovó la Corte Suprema de Justicia que había sentado el mal precedente de reconocer al General Uriburu como Jefe de Estado el 7 de setiembre de 1930, el mismo día del golpe militar que derrocó a don Hipólito Yrigoyen.
Quien presidía aquella Corte Suprema de Justicia era un ex Presidente de la Nación: el abogado de los ferrocarriles ingleses, el conservador José Figueroa Alcorta. Nada es casualidad, todo es causalidad.
Decisión republicana.
En junio de 2003, recién asumido, Néstor Kirchner denuncia en cadena nacional la extorsión que los Jueces de la mayoría automática del menemismo en la Corte, estaban ejerciendo sobre el nuevo gobierno. Finalmente, esto provocó una fuerte renovación de los miembros del máximo cuerpo de Justicia de la Nación.
Con la particular decisión política, de Kirchner, de acompañarla con la firma un decreto para autolimitarse en la designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El anuncio lo realizó ante constitucionalistas, representantes de asociaciones de profesionales y organizaciones del mundo del derecho y del ámbito judicial.
Hecho que fuera altamente destacado y reconocido, frente a la crisis moral, ética, política y social. que reinaba en esos momentos casi terminales de nuestra República.
Es decir, el nuevo Presidente Néstor Kirchner, producía una profunda renovación en la Corte Suprema de Justicia, autolimitándose y con un mecanismo participativo sin precedentes.
También en el año 2004, la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, impulsados por el peronismo, sanciona la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Acciones que tuve el alto honor y orgullo de votar como diputado nacional por el Chaco.
Pero, además, también se efectiviza una renovación histórica de la justicia reparadora frente a crímenes de Lesa Humanidad, elevándose a rango constitucional la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de estos graves delitos por parte del Estado. Estas, fueron señales concretas hacia la Justicia argentina; en un proceso que derivó en la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.
Retroceso e impunidad.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia por mayoría simple, que avala conmutar la pena de los genocidas bajo la derogada ley del 2 por 1, constituye no solo un retroceso tremendo, sino una inmensa señal de impunidad para delitos aberrantes, ocurridos en el pasado; e incluso, en el presente. Pero, asimismo, una tergiversación feroz en materia política de Derechos Humanos.
El fallo es una aberración jurídica, ya que no se puede equiparar los crímenes de Lesa Humanidad, que no prescriben en el tiempo, con los delitos comunes. Lo que demuestra el grado de compromiso de los jueces con estos oscuros personajes condenados por delitos aberrantes.
Y no creo que todo esto sea una simple casualidad.
Responde a fuertes acuerdos del poder político - representado por el Presidente Macri - con los factores de poder ocultos de nuestro tenebroso pasado, dejando de lado todas las conquistas en materia de Derechos Humanos que tanto le han costado al pueblo argentino.
Esta cacheteada de la Corte Suprema al pueblo argentino, retrotrayéndonos a las peores épocas, significa claramente un rumbo predeterminado que no creo que termine aquí, lamentablemente. Es una contrarreforma Constitucional de hecho, y es un mensaje insultante a la sociedad y a la comunidad internacional que está ávida de humanidad.
Resulta doloroso, y hasta impensado, de que hoy volvamos a vivir situaciones de tanta gravedad institucional y de decadencia moral y política en nuestra Patria.
