Hoy muchos se escandalizan y denuncian que el gobierno ataca las estructuras del Estado con el objeto de vaciarlo y destruirlo pero “olvidan” que cuando estuvieron en él realizaron todo tipo de tropelías y excesos.
Gran parte de la oposición política está enojadísima con Mauricio Macri por habilitar el debate sobre el aborto legal en nuestro país: “Habiendo tantos temas urgentes lo decide ahora para tapar su mala gestión”, “es otra cortina de humo”, “distracción pura”, dice.
Lo notable es que el tema no era, ni es, de los que más importan al gobierno nacional al que no se le puede imputar que use en beneficio propio la torpeza política de sus adversarios.
Opositores que, específicamente los propulsores y defensores de la posibilidad de abortar legalmente, quedaron descolocados ante la decisión presidencial pues para muchos de ellos es más lucrativo que no sea este gobierno quien tome la iniciativa y potencialmente se convierta en el factótum de su implementación, pues de serlo no sólo tendrían que reconocerlo sino que además se quedarían sin argumento para continuar con la protesta.
Algo similar sucedió con el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como de Ley de Medios que fue parcialmente aplicada por propia voluntad del oficialismo de entonces pues recordemos que, al habilitarla, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó trato igualitario para todos los actores implicados refiriéndose explícitamente a los planes de adecuación a la norma que tenían que realizar los grupos de comunicación concentrados y de esa manera todo lo demás podía aplicarse. Pero no se hizo.
Quienes de alguna manera conocen la situación de los medios de comunicación desde 1970 en adelante no pueden negar la necesidad que existía, y existe, de una nueva ley, pero paradójicamente fueron muchos de sus impulsores y luego responsables de ponerla en práctica, quienes se encargaron de ser funcionales a sus detractores al no dar efectivo cumplimiento a lo establecido en la ley que ellos mismos prohijaron.
Un ejemplo palmario fue la permisividad con la que se actuó en el espectro de las FM que, con diversos y muchas veces rebuscados argumentos, permitió la continuidad del reinado del caos, la impunidad y la ley del garrote.
Como dato complementario se puede citar el abuso que del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua) y del Arbol de Contenidos Universales Argentino (Acua) hicieron muchos canales de televisión abierta del interior del país, exceso que fue posible gracias a la permisividad mostrada por los organismos de control creadas por aquella norma legal.
Y saben que fue así. Pero es mucho más cómodo culpar al otro de la propia ineficacia, oportunismo o ineptitud.
Hoy muchos se escandalizan y denuncian que el gobierno ataca las estructuras del Estado con el objeto de vaciarlo y destruirlo pero “olvidan” que cuando estuvieron en él realizaron todo tipo de tropelías y excesos que ahora son utilizados por quienes, fieles a la teoría del Estado Mínimo propugnado entre otros por Guy Sorman, no dudan en erradicar todo lo que consideran malo como también mucho de lo bueno que se hizo, concepto que puede aplicarse a las cosas y a las personas.
Pareciese que en muchas marchas y reivindicaciones, casi como un remedo dialéctico hegeliano, convive el deseo de ver satisfecho el reclamo con la necesidad de su rechazo.
Quienes conscientemente, o no, son funcionales a los intereses que dicen combatir deberían saber que los dioses castigan a los seres humanos concediéndoles sus peticiones; tener la sapiencia de determinar las prioridades sociales y comunitarias de cada tiempo y recordar que cuando una enfermedad llega a la familia todo lo demás pasa a segundo plano y poco o nada importa que se descascare la pared.