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    El monopolio del llanto

    ¿Quiénes forman “el campo”? ¿quienes son los actores sociales que lo integran? ¿todos son “llorones” ? ¿todos son millonarios?.

    El hombre de campo sorbió un mate y encendió la tele en el mismo momento en que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, decía: “que generen una agenda seria, dejen de llorar y se pongan a invertir y competir”.

    Acostumbrado por años a recibir ese tipo de imputaciones estuvo a punto de ensayar una respuesta casi automática cuando advirtió que el funcionario se refería a los industriales y no a los productores agropecuarios, y como si le estuvieran arrancando una condecoración exclamó indignado: “los llorones fuimos, somos y seremos los del campo” .

    El mote de eternos disconformes y llorones viene desde siempre.

    Nunca tuvieron demasiados problemas para reducir los motivos de sus quejas a la lágrima o reproche: las retenciones, la disminución de la rentabilidad, la asfixiante burocracia, el permanente aumento de los insumos, el valor del tipo de cambio, el exceso de lluvia, la escasez de agua, el picudo, el ácaro, los cupos de exportación, las políticas proteccionistas de Europa y los EE.UU.

    Hoy, cuando el Estado asegura que les da las mejores condiciones de producción, las quejas continúan.

    Y en esta oportunidad se refieren casi específicamente a la fuerte sequía que afecta a las zonas más productivas del país y motivó que en la inauguración de una muestra agroindustrial en San Nicolás, Mauricio Macri anunciara un paquete de medidas financieras para paliar sus consecuencias como también la eliminación de aspectos burocráticos “para que dejen de hacer de cadetes de múltiples trámites que genera el Estado”.

    Acá en la provincia esa decisión del gobierno tuvo como respuesta de un productor de La Tigra: “Es muy poco (…) tienen que tomar otras medidas como eliminar las retenciones, porque así ni crédito a tasas subsidiadas sirven, ni subsidios” y pidió “que nos bajen más rápido las retenciones y que cada uno pague el seguro que quiere o bien haga sus previsiones por desastres naturales”.


    “El campo”

    Con la crisis desatada en el 2008 por la Resolución 125 se constituyó en nuestro país un genérico denominado “el campo” que sirvió de significado, significante, ícono y bandera usados por las patronales para constituirse como una oposición a la que le preocupaba más sus intereses económicos que presentarse como una opción política. El principal y fundamental logro que consiguió fue el de amalgamar y sumar el apoyo de todos los actores sociales “del campo” incluso de aquellos que lejos estában de gozar los beneficios de los niveles superiores de esa pirámide.

    Pero ¿quiénes forman “el campo”? ¿quienes son los actores sociales que lo integran? ¿todos son “llorones” ? ¿todos son millonarios?

    Podría hacerse un detalle pormenorizado pero vamos a tratar de sintetizarlo y tomemos como ejemplo una ciudad ubicada en una región productora de granos

    Esa comunidad tiene una población rural y otra urbana y ambas contienen una población económicamente activa que a su vez se divide en agropecuaria y no agropecuaria. Es en la población agropecuaria urbana y rural donde se encuentran los actores a quienes se identifica directamente con “el campo”: el campesino, el productor agropecuario tradicional y los trabajadores rurales dependientes que pueden ser temporarios o permanentes.

    A estos tres elementos del “conjunto” se agregaron en los años 70, y merced a un proceso de innovación, nuevos actores: los contratistas rurales, los agentes financieros y quienes prestan algún tipo de servicio específico como pueden ser los alambradores, los tractoristas o los inseminadores.


    Otro punto de inflexión se dio luego de la crisis del 2001 cuando hicieron su aparición las Sociedades Agropecuarias Coyunturales que se establecen en un momento determinado para hacer frente a situaciones específicas, operan durante un tiempo acotado que puede ser una campaña por ejemplo y luego se disuelven. Esas sociedades están formadas por contratistas rurales, empresas comercializadoras de insumos o productores e inversores que no provienen del agro.

    Y por último aparecen las grandes empresas agropecuarias, organizaciones agrocomerciales y agroindustriales que se caracterizan por poseer un alto grado de innovación técnica y organizacional que les da la posibilidad de ser fuertemente competitivas. Algunas de ellas son: Paladini, Arcor, Sancor, Parmalat, CBSé, Granja del Sol, Nestlé, Moño Azul, La Serenísima, Danone, Vicentín, Peñaflor, Bunge y Cargill entre otras.

    Como se ve “el campo” es un sistema con múltiples actores sociales y cada uno de ellos presenta características propias y específicas que si bien pueden estar directa o indirectamente relacionadas no permite sostener con cierto grado de certeza que constituya una unidad monolítica y homogénea.

    Sin embargo en marzo del 2008 las cuatro principales asociaciones nacionales de empresarios agropecuarios del país: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, (CONINAGRO) se nuclearon en la denominada Mesa de Enlace e hicieron su presentación social como un todo, como “el campo”.

    El gobierno de Cristina Fernandéz se comió el amague y olvidó que el todo es la suma de las partes y no supo, no pudo o no quiso desagregarlo o establecer algún tipo de segmentación y de esa manera la intención de poner en práctica un esquema de retenciones móviles en función del precio internacional de los granos (Resolución 125) fue catalogada y entendida por ese sector agropecuario y por gran parte de la población como “un voraz ataque estatal” en directo detrimento del peón y del campesino rural que eran mostrados en primerísimos planos televisivos, con sus boinas ladeadas y sus alpargatas roídas.

    Los llantos permanentes devinieron entonces en cortes de ruta, piquetes y desabastecimiento y “el campo” se autoidentificó como la principal víctima del kirchnerismo.



    LOS LLANTOS

    Hemos visto que “el campo” no puede ser considerado como una unidad conceptual homogénea y por lo tanto lo más sensato sería desagregar la queja .

    No es lo mismo la del productor que retiene la venta de granos porque considera que el dólar “está muy bajo” y alienta una devaluación o aguarda que mejore el precio del grano en el Mercado de Chicago o especula con las cotizaciones a futuro en el Mercado a Término de Bs. As, que la del campesino, el productor agropecuario tradicional, los trabajadores rurales o los pequeños y medianos cuentapropistas de la agricultura familiar que casi siempre están al borde la supervivencia.

    Son quejas pero no son las mismas ni con igual sentido. Algunos lo hacen patentando una nueva flota de 4x4 y otros mientras sufren el aumento del gasoil, el aumento del flete o no tienen semillas para sembrar.

    Hecha esta salvedad se puede afirmar que sin ser excluyente, las retenciones a la producción y exportación de maíz, girasol y soja fueron las que más protestas generaron.

    Obviamente que el deseo de los productores es que sean las mínimas posible o que directamente no existan. ¿Sucedió eso alguna vez? Y si fue así ¿se produjeron cosechas récord o la rentabilidad fue extraordinaria ?

    Si se analizan estadísticas referidas a la producción y se las relaciona con las retenciones y específicamente la aplicada al trigo observaremos que en 1976 se produjo la mejor cosecha de esa década con una producción de 11 millones de toneladas. Lo significativo fue que en ese año regía una retención del 50% !

    Al año siguiente, y a pesar que el gobierno nacional ordenó una drástica rebaja que llevó la retención del 50% a un 5%, la producción total de trigo en el país fue de sólo 5 millones de toneladas. ¿Que pasó? ¿Se produjeron inundaciones o tremendas sequías?. No, fue por conveniencia económica pues el precio del dólar en esa gran cosecha era altísimo como consecuencia de la megadevaluación conocida como Rodrigazo en la época de Isabel Perón. En la siguiente campaña Martínez de Hoz aplicó su famosa “tablita”, hizo desaparecer la tentación de un dólar supervaluado y por lo tanto la extraordinaria rentabilidad desapareció, a pesar que las retenciones habían bajado al 5%.

    Se puede suponer entonces que un valor mínimo en las retenciones puede ser considerada por los productores como conveniente pero no excluyente para proyectar una campaña de siembra.

    En los años de gobierno de Raúl Alfonsín las retenciones al trigo oscilaron entre un 23 y un 10% y en los de Carlos Menem llegó al 33% en enero de 1989 y casi a 0 (cero) en 1993.

    En ese contexto económico se produjo en los años 90 uno de los endeudamientos externos más grandes del país con ganancias extraordinarias para los especuladores financieros mientras que uno de los sectores del campo, el de los pequeños y medianos propietarios tuvo que tomar crédito para hacer frente a sus obligaciones y al no poder pagarlo vió ondear las banderas rojas de remate en sus tranqueras.

    Y todo explotó en el 2001.

    Durante las gestiones kirchneristas las retenciones al trigo fueron del 20% en el 2003, llegó a un pico del 28 en el 2008 y se mantuvieron en el 23% desde el 2009 hasta el 2014.

    Hay que recordar que en el 2008, con la firma del ministro de Economía Martín Losteau, el gobierno estableció a través de la Resolución 125, alícuotas móviles que estarían fijadas en función del precio internacional de los granos. Fue entonces que como reacción surgió “el campo” como unidad monolítica y luego de tres meses de protestas, piquetes y desabastecimiento el gobierno decidió enviar el proyecto al Congreso donde, luego de una apretada aprobación en Diputados, naufragó con el “voto no positivo” de Julio César Cleto Cobos, radical K, vicepresidente de la Nación y por lo tanto presidente provisional del Senado, quien desempató la votación.

    En marzo del 2015 Cristina Fernández estableció una retención del 35% para la soja, 23 para el trigo, 20 para el maíz y aplicó una segmentación que había ignorado en la 125.

    En todos los períodos que hemos citado “el campo” se quejó por las retenciones.

    Hoy también lo hace. Con menos énfasis en esas alícuotas, pero lo hace. Y uno de los actores agropecuarios que protesta con más vehemencia es el de los pequeños y medianos productores de fruta que denuncia “una desmedida apertura aduanera” por la que en el último año ingresaron al país 7.000 toneladas de manzanas que representa más del 300 % que en la temporada anterior.

    “Todo no se puede” podría ser la respuesta. Pues desde el gobierno nacional se asegura que “el Estado ya no pone una pata en el cuello del campo y se hace todo lo posible para liberar sus fuerzas productivas”.

    Veamos:

    El 27 de diciembre del 1015, una semana después de haber asumido y a través del Decreto 133/2015 del Ministerio de Agroindustrias, el presidente Mauricio Macri oficializó que las retenciones para trigo y maíz serían del 0 % y para la soja del 30%.
    Al año siguiente, en octubre, Macri anunció que desde enero del 2018 se reducirían las retenciones a la soja en un 0,5% mensual con el objetivo de situarla en un 24% en diciembre de este año y en un 18% en diciembre del 2019 (el nivel más bajo desde el 2002). Asimismo y como un plus a los productores del norte del país, el presidente confirmó que desde enero del 2018 todos los productores de soja de las diez provincias incluidas en el Plan Belgrano (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) tendrían un reembolso del 5% sobre las retenciones a las exportaciones de ese producto.

    De acuerdo con los datos, y los intereses de los productores de trigo, maíz y soja, Mauricio Macri les ofrece hoy las mejores condiciones de producción y comercialización que existen desde 1983.

    Como una muestra del clima favorable de gran parte del complejo mundo agropecuario pueden tomarse las diferentes ferias que como Expoagro en San Nicolás, muestran la vitalidad y el buen clima de negocios existente y que, paradojicamente, parecen ir a contrapelo de las quejas que siguen manifestándose.

    Otros segmentos de la sociedad no se sienten incluidos en esa “ventajosa situación” de un sector agropecuario y reclaman con vehemencia y dureza el cese del actual rumbo económico y auguran que de persistir el ajuste se profundizará el descontento de “las mayorías populares”.

    Ante este cuadro general, ¿es justificado que los actores sociales agropecuarios menos afectados y a pesar de los inconvenientes propios de su actividad, continúen en un estado de queja permanente?.

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