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    España: le quitan la custodia de su hijo por ser madre soltera y vegana

    Cristina López lleva cuatro años embarcada en una guerra judicial para recuperar la custodia de su hijo Ángel.

    El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) asumió la tutela del menor -en ese momento con seis años de edad- en enero de 2014 alegando una situación de desamparo bajo criterios poco claros que han estado siendo impugnados en los juzgados desde entonces, entre ellos, ser madre soltera, seguir una dieta vegana o no tener ingresos fijos.

    La Justicia llegó a darle la razón en un proceso de primera instancia al revocar la declaración de desamparo, pero el IMAS recurrió y el caso acabó en la Audiencia Provincial, con resultado desfavorable para Cristina. Hoy sigue siendo objeto de litigio en un segundo procedimiento que ha vuelto a llegar a ese mismo tribunal y que se halla pendiente de sentencia.

    Cristina -piloto comercial de formación- y su hijo residían en Escocia. En las navidades de 2014 acudieron a la isla para visitar en Esporles a los abuelos del niño, a quienes Cristina responsabiliza en gran parte de lo sucedido.

    Su relación con ellos -especialmente con su padre, policía del municipio retirado- había sido siempre difícil; los define como personas «de una mentalidad muy cerrada» que nunca vieron con buenos ojos el modo de vida de su hija, naturista, homeópata y vegana.

    Una discusión familiar desembocó en una denuncia del padre al IMAS. Acusó a Cristina de desproteger al menor alegando la alimentación, la inestabilidad laboral de la madre y supuestos problemas psiquiátricos de ésta.

    Fue la Policía de Esporles la que se llevó al niño. «Tiraron la puerta abajo sin ninguna orden judicial y se abalanzaron sobre mí para arrancarme a mi hijo de mis brazos. Me quedé con un trozo de su jersey en la mano. Uno de los policías me dijo se ha acabado. Desde entonces lo tienen secuestrado en la Isla».

    Cristina denuncia que su padre se valió de sus conexiones con el cuerpo municipal para instar a una intervención inmediata y sin orden judicial de por medio. Pero su sorpresa fue aún mayor al comprobar que en solo tres días el IMAS había tramitada la declaración de desamparo del menor y se había hecho con su tutela. Ningún técnico de los Servicios Sociales entrevistó a la madre o examinó su vivienda de Esporles.

    Se dio por bueno todo lo descrito en la denuncia de los abuelos y el niño fue trasladado de manera casi automática a un centro de acogida.«Declararon a mi hijo en desamparo en base a cinco o seis puntos sin pies ni cabeza. Alegaron constantes cambios de domicilio como elemento de desestabilización. ¿Y separarlo de su madre no lo es?». También se argumentó la alimentación vegana -pese a que los exámenes médicos no revelaron problemas de salud del niño- y una falta de escolarización adecuada, reflejado en las escasas competencias del menor en el manejo de la lengua.

    Cristina replicó que, al residir en Escocia, el inglés era la primera lengua de su hijo, por lo que sus carencias en el uso del castellano eran lógicas. Alimentación y escolarización fueron dos de los criterios que Cristina denuncia como carentes del peso suficiente o directamente falsos.

    Los juzgados le dieron la razón en un primer momento, pero los recursos de la Administración llevaron a sucesivas resoluciones en su contra. Y todas ellas sustentadas, lamenta, en unos hechos tergiversados por los propios Servicios Sociales.El juzgado de primera instancia número 20 de Palma falló a favor de Cristina y ordenó devolverle la patria potestad, así como la guardia y custodia de su hijo.

    El juez reflejó asimismo su extrañeza por la «celeridad mostrada» por el IMAS, que había tramitado en solo tres días la declaración de desamparo. «Ni la madre ni el menor fueron objeto de estudio, de examen o de entrevista por ninguno de los funcionarios del Servicio de Menores».

    También subrayó como acreditado en base a informes médicos que Cristina «no sufre ninguna alteración psiquiátrica».

    El IMAS recurrió la sentencia. El mismo juzgado decidió mantener la tutela del menor en manos de los Servicios Sociales (después de otro recurso del IMAS contra el decreto de ejecución de la sentencia), no sin antes reprobar en su fallo argumentos de la propia administración, a la que reprochó que obstaculizara «el derecho de la madre a la tutela» a través de nuevos acuerdos administrativos (el IMAS alegó una «ratificación» de la tutela del menor) que dilatan todo el proceso.

    «Según esta novedosa tesis sustentada por el IMAS, quien plantee ante los Tribunales la revocación de la declaración de desamparo de su hijo debe vencer en juicio a la Administración demandada dos veces, en lugar de una (...) Si tales ratificaciones se repiten hasta que el menor alcance los 18 años de edad, la Administración se convertirá en un litigante invencible y las sentencias dictadas por los Tribunales se convertirán todas ellas en inejecutables, aunque fallen a favor de la progenitora una y cien veces».

    Con todo, este juzgado primero y la Audiencia Provincial después decidieron mantener la tutela en manos del IMAS en base a las carencias en la escolarización del niño y la falta de ingresos propios de la madre, refrendados en parte por informes de los servicios sociales escoceses, quienes en todo caso jamás dictaron orden de protección infantil.

    La Audiencia también resaltó que el niño «ha ampliado su dieta». La última sentencia, no obstante, fue en favor de la madre. Hace dos años, el IMAS decidió suspender las visitas supervisadas.

    Ella recurrió la decisión y la Audiencia dictaminó que el IMAS había incumplido «dolosa e injustificadamente» el procedimiento habitual. El juez observa que la suspensión de las visitas «tuvo lugar mediante decisión verbal, sin previa audiencia de la progenitora y sin resolución administrativa escrita».

    El IMAS obedeció entonces, pero hace tres meses que ha vuelto a suspender las visitas de manera análoga a como lo hizo en 2016. «Conceden las visitas y las quitan cuando les da la gana», afirma Rosana Capella, abogada de Cristina. Considera que «el niño tiene que estar con su madre, no hay motivos para que no lo esté.

    Este es un problema familiar entre Cristina y sus padres». Capella habla de un modelo de funcionamiento generalizado en los servicios sociales en España, «patrones que se repiten», como el convertir en «factores de riesgo» elementos que no justifican la retirada de la custodia y que suponen un agravio incluso mayor para la madre.

    «Cuando una mujer sufre maltratos por parte de su pareja esto es considerado un factor de riesgo para el menor porque se concluye que ella no lo puede proteger adecuadamente. Esa mujer sufre un maltrato machista e institucional a la vez».El hijo de Cristina, ahora con once años, vive con sus abuelos en Esporles, a los que el IMAS, que mantiene la tutela, les concedió la custodia. Margalida Llinàs, una de los profesionales externos que han certificado que Cristina no sufre ninguna patología mental, solicitó al IMAS poder visitar al niño. «Me lo denegaron y ahora ya ni contestan».

    Llinàs denuncia que el menor «está muy coaccionado por la institución y por sus abuelos» y que el lugar que le corresponde, ante la falta de argumentos objetivos que lo contradigan, «es junto a su madre». Llinàs se queja de que Cristina ha cumplido con creces los requisitos que el IMAS le impuso en un plan de trabajo, entre ellos el de conseguir empleo (de hecho, llegó a estar pluriempleada, como limpiadora y como agente de facturación en el aeropuerto); pero «cuando acaba con un plan de trabajo le presentan otro. Es un nunca acabar».

    Contactado por este rotativo, el IMAS ha declinado hacer cualquier valoración alegando la Ley de Protección de Datos y la preservación de la intimidad de los menores tutelados por la institución.

    El caso de Cristina es uno más de los que llevaron a la diputada del Grupo Mixto, Xelo Huertas, a presentar una Proposición No de Ley (PNL) el pasado marzo para auditar los procedimientos del IMAS, iniciativa que no prosperó. Cristina lamenta la falta de voluntad política para cuestionar a un IMAS que ella ve como «el lobo que te quita a tus hijos», el mismo lobo que «encima te pone un sambenito y te trata de loca».

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