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    Los servicios públicos aumentaron hasta 2000% en los últimos tres años

    Argentina se encuentra en el tercer puesto en la región en lo que hace al peso de las tarifas de servicios públicos en relación con el Salario Mínimo. Sólo están por delante, Chile y Venezuela, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

    Los números tampoco acompañan a la Argentina en lo que hace a la relación y la incidencia de las tarifas de los servicios públicos respecto del salarios de la gente.

    Argentina es el país que mostró el más alto aumento de los servicios públicos en toda Sudamérica en comparación directa con el salario mínimo durante los últimos tres años. Los datos surgen de un informe a cargo de la Universidad de Avellaneda (Undav).

    De acuerdo con el informe presentado por la casa de estudios, desde 2015 la incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6% del salario, pasó a una del 23,5%. Es por esto mismo que la Argentina se ubica en el tercer puesto en el "ranking" que conforman ocho países de la región, ubicándose únicamente por detrás de países como Venezuela y Chile.

    La Undav señaló en su informe que con la liberación de las tarifas de los diferentes servicios públicos, se experimentó una "notable transferencia de recursos", y el ahorro para el erario público que dio la oportunidad de suprimir los subsidios en las tarifas de esos servicios, fue compensado sobradamente por la baja de otros recursos.

    Al mismo tiempo, el informe señala que desde principios de 2016 se aplicaron aumentos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de cerca de un 1.000% en el servicio de agua potable; en tanto que en materia de transporte, se hicieron ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes.

    Asímismo, en el informe de la Undav, se dice que cuando se evalúa la evolución del peso de los principales servicios públicos (como por ejemplo energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo de los trabajadores, se percibe claramente un aumento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.


    "En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias", se da a conocer en el informe Universidad Nacional de Avellaneda.

    Allí también se indica que si bien desde el Gobierno de Mauricio Macri se dijo que uno de los beneficios acarreados por el “sinceramiento tarifario” es el de evitar el derroche de energía derivado de los bajos precios que pagaba el consumidor en sus facturas hasta hace un tiempo, la evolución en las cantidades demandadas de energía eléctrica, gas y agua de red, pone en evidencia que se trata de servicios inelásticos que se consumían según su real necesidad, ya que el consumo permanece en los mismos niveles de 2015.

    Por lo que lejos de modificar el consumo energético de los hogares, los aumentos de tarifas que se dieron de manera constante y permanente "sólo han erosionado el ingreso real disponible para la compra del resto de los bienes. De esta forma, se confirma que el poder de compra de las mayorías ha sido pulverizado en una proporción mayor a la que surge del nivel general del índice de precios".

    “Ante un contexto de recesión, pérdidas de puestos de trabajo, crisis del entramado pyme, apertura importadora, inflación fuera de control y una política monetaria que busca mediante una tasa de interés por las nubes secar la plaza de pesos (para contener una nueva corrida), los tarifazos que impulsan las empresas de servicios básicos con el fin de dolarizar ganancias, golpean de manera crítica el salario y los ingresos de los sectores medios y populares”, se destaca también en el texto presentado por la UNDAV.

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