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    Rechazan pedido de juicio político contra funcionarios provinciales

    Se trata del Contador General Parmenio Darío Molinari y el Tesorero General Carlos Miguel Olivera.

    En el recinto de sesiones “Deolindo Felipe Bittel” tuvo lugar la reunión de la Sala Acusadora de Juicio político presidida por su titular Juan Manuel Pedrini, con el objeto de tratar el pedido de Juicio Político del Contador General Parmenio Darío Molinari y el Tesorero General Carlos Miguel Olivera, oportunidad en que recibieron el informe de la Comisión Investigadora, aconsejando el seguimiento del proceso y pasar las actuaciones a la Sala de Sentencia, cuestión que no prosperó al no contar con los dos tercios para seguir el proceso de la causa contra los funcionarios del gobierno.

    Al término de la reunión el diputado Pedrini precisó: “Hoy se trató el pedido de juicio político respecto al Tesorero y Contador de la provincia que fuera oportunamente impulsado a partir de la denuncia de un ciudadano contra estos dos funcionarios, abordamos el informe expedido por la comisión investigadora pero la postura que proponía continuar con el juicio político no alcanzó los dos tercios que establece el artículo 15 de la ley de juicio político en la provincia por lo tanto quedó desestimado y el mismo pasó al archivo”.

    Por su parte el diputado Ricardo Sánchez que votó a favor de continuar el proceso dijo: “Lamentablemente no llegamos a los dos tercios que requiere la Constitución Provincial para la suspensión provisoria del funcionario y que luego el tema sea analizado por la Sala de Sentencia, con lo cual a pesar de que 10 legisladores votaron por hacer lugar al juicio político el caso pasó a archivo al no cumplimentarse los dos tercios”.

    Al respecto aclaró: “Quedó acreditado en este proceso que el sistema interbanking contratado por parte del Tesorero General de la provincia contador Olivera no tenía ningún respaldo normativo e incluso permitió inconsistencias en los saldos de cuentas públicas con el agravamiento de que precisamente se trata de dinero proveniente del presupuesto general de la provincia” y explicó “este sistema de pago electrónico alternativo se contrató en el año 2011 y funcionó sin controles preventivos en una red de banca electrónica que permitía a quienes tengan la clave transferencias de fondos y pagos sin el debido control”.

    Sánchez remarcó que “incluso el informe emitido por la Contaduría General en el 2015 expresamente la contaduría manifestó ni siquiera tener conocimiento de la existencia de este sistema de pagos ya que todos los pagos debían efectuarse por el denominado SAFYC (Sistema de Administración Financiera y de Control) que para efectuar cualquier pago requerían una serie de pasos previos como órdenes de pago, auditorias de los organismos involucrados, control de entrada a la Tesorería General y por último se autorizaba el pago bajo estrictas medidas de seguridad” y subrayó “todo este mecanismo no existía en el manejo del interbanking, el informe hecho por la contaduría al trascender públicamente pagos irregulares en el año 2014, concluye que los pagos auditados no cuentan con la debida intervención de la contaduría y que se hicieron pagos sin informarse previamente a dicho organismo, todo ello con un gran riesgo para la seguridad del sistema financiero del Estado”.

    El legislador resaltó que “en consecuencia a criterio de 10 legisladores de los 16 integrantes de la Sala Acusadora se acreditó las causales de mal desempeño y falta de cumplimiento a los deberes a su cargo por parte del contador Olivera y respecto del contador Molinari, quien se encontraba a cargo de la Contaduría General y también sometido a juicio político, no se produjo votación alguna atento a haber dejado el cargo previamente y siendo que el proceso de juicio político únicamente tiene por objeto remover del cargo al funcionario involucrado, deviene abstracta una votación respecto a quien que ya no presta funciones en la Administración Pública” concluyó Sánchez.

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