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    Denuncian a Smartmatic, al Gobierno nacional y al Correo

    Por una supuesta defraudación en la contratación del servicio de escrutinio para las elecciones 2019 por más de $5.000 millones.

    La Justicia penal de los tribunales de Comodoro Py avanza en la investigación contra Smartmatic, el Gobierno nacional y el Correo por una supuesta defraudación en la contratación del servicio de escrutinio para las elecciones 2019 por más de $5.000 millones.

    La causa N° 5.739/2019 se originó en el fuero electoral de la ciudad de Buenos Aires, con una denuncia del abogado y excandidato a jefe de Gobierno porteño, Leonardo Martínez Herrero. Pero luego que la jueza María Romilda Servini y el fiscal Jorge Di Lello se declararon incompetentes para actuar, el expediente pasó a manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que debe enviarlo a sorteo para que un nuevo juzgado defina el futuro de la pesquisa. Servini y Di Lello consideraron que si hubo un delito no electoral, sino un fraude económico contra el Estado.

    “No creo que a esta altura saquen a Smartmatic del escrutinio, no falta nada para las elecciones. Lo que se impugna aquí no es la parte técnica, sino los montos que se pagaron aquí, y por eso hay responsabilidad penal del Ministerio de Interior, el Jefe de Gabinete y el Correo en la contratación”, aclaró Martínez Herrero en diálogo con este medio.

    El próximo magistrado de la causa deberá investigar dos pagos. Uno que hizo directamente el Correo oficial a la firma venezolana de más de u$s1 millón para contratar un servicio de digitalización de telegramas de todas las mesas del país. “Los contrataron y no pusieron una sola computadoras, ni scanner, que los pagaron el Ministerio y el Correo. Hasta el wifi usaron. Ellos cobran por nada”, dijo el abogado. Y el otro pago es por la licitación para realizar el escrutinio, que el Correo decía que no tenía infraestructura para hacerlo. En total fueron $5.074 millones.

    “Pagamos todo, pero no sabemos si lo que van a hacer sirve o no. Por las dudas, se lo pagaron. Eso fue lo que hizo el Estado, y encima el sistema no funcionó bien, o sea, que pagaron por nada y en exceso”, agregó el denunciante ante la consulta de Ámbito.

    La denuncia pide que se investigue penalmente si por orden de altos funcionarios nacionales se abonó más de $5.000 millones por un sistema plagado de “deficiencias”, que no cumple “mínimamente con lo requerido”. Smartmatic, que ya fue cuestionada en países como Italia, Filipinas, El Salvador y Venezuela.

    Fuente: Ambito.com

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